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Opacidad y servicio al poder es el reflejo de la Sala Constitucional del TSJ en la pandemia

Opacidad y servicio al poder es el reflejo de la Sala Constitucional del TSJ en la pandemia

En la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar del Covid-19 y de las orientaciones para prevenir el contagio, no se cumplen estas instrucciones ya que esta instancia durante la pandemia ha dejado en claro que su cercanía con la administración de Nicolás Maduro se mantiene incólume.

 A esta conclusión arribó Acceso a la Justicia luego de revisar las sentencias que desde el 19 de marzo pasado y hasta el 18 de septiembre ha dictado la máxima intérprete de la Carta Magna, cuya radiografía se presenta en esta nota.

En efecto, pese a que el grueso del Poder Judicial se mantiene paralizado desde hace seis meses, en acatamiento de las medidas contenidas en el estado de alarma impuesto por Maduro desde el 13 de marzo para frenar la propagación del coronavirus, así como por las resoluciones de la Sala Plena del TSJ, la Sala Constitucional ha continuado dictando sentencias, pero lo ha hecho fundamentalmente para favorecer al Ejecutivo. Así, de los 87 fallos emitidos en estos meses, por lo menos 38 (44%) ha servido para avalar decisiones adoptadas por el Palacio de Miraflores, a fin de beneficiar sus intereses o para atacar a la Asamblea Nacional (AN) o a la disidencia política.

Ejemplo de lo anterior es que las primeras tres sentencias emitidas, numeradas como 56, 57 y 58, fueron para avalar decisiones como la extensión del ya eterno estado de excepción y emergencia económica, así como la imposición del estado de alarma y su primera prórroga.

Hasta el momento, once de los fallos de la Sala Constitucional han sido para avalar las resoluciones mediante las cuales se imponen o extienden los regímenes que permiten al Gobierno de Maduro limitar derechos y garantías de los ciudadanos previstos en la Constitución.

Contra la oposición

Sin embargo, donde la alineación de la Sala Constitucional con los intereses del Ejecutivo ha quedado más clara ha sido con los diez fallos que hasta ahora ha dictado para intervenir partidos políticos de todo signo.

Esta ola se inici√≥ el pasado 15 de junio, cuando mediante su sentencia n.¬ļ 71 destituy√≥ a la directiva de Acci√≥n Democr√°tica (AD) a cargo de Isabel Carmona y el diputado Henry Ramos Allup, en sus condiciones de presidenta y de secretario general, respectivamente; para colocar al frente al exgobernador de Amazonas, Bernab√© Guti√©rrez.

La suerte del partido blanco la han corrido también formaciones opositoras como Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), pero también aliadas del chavismo como Tupamaro y Patria Para Todos (PPT).

Estas acciones se han producido en el marco de la cuestionada convocatoria de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 6 de diciembre, que han sido rechazadas por el grueso de la oposición con representación parlamentaria y por gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Entre los intervenidos están organizaciones que han dicho que no acudirán a esta cita, como AD, VP y PJ; y otras que han dicho que lo harán, pero en nuevas alianzas fuera de la esfera del oficialismo, como Tupamaro y PPT.

No obstante, el pasado 4 de septiembre, en su sentencia 128, la Sala anuló parcialmente la intervención de Primero Justicia. Esto ocurrió luego de que se confirmaran los contactos entre representantes del Gobierno y de dirigentes de esa formación, como el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, los cuales habrían servido para excarcelar a decenas de presos políticos a cambio de participar en la cita. Sin embargo, como el fallo no ha sido publicado íntegramente se desconoce el alcance de su contenido.

En dirección opuesta

Pero no solo la oposición ha sido perjudicada por la actuación de la Sala durante la pandemia, también principios constitucionales como la separación de poderes, la descentralización y el modelo federal, todos previstos en la Carta Magna.

En este sentido, la Sala Constitucional ha dictado seis fallos que han arrebatado funciones y se han inmiscuido en asuntos internos de la AN, tales como el que valid√≥ la elecci√≥n del diputado Luis Parra como presidente del Parlamento (sentencia n.¬ļ 65), o el que pretendi√≥ convertir al procurador encargado Reinaldo Mu√Īoz en el titular del despacho (sentencia n.¬ļ 59), pese a no haber sido ratificado por el √≥rgano legislativo nacional, que es el competente en la materia.

Por supuesto, no hay que olvidar las sentencias n.¬ļ 68, 69, 70 y 83, mediante las cuales design√≥, por quinta vez en dos d√©cadas, a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), y luego, supli√≥ la vacante dejada por uno de sus integrantes al renunciar (Rafael Sim√≥n Jim√©nez), apenas un mes despu√©s de haber sido escogido. Todo esto escud√°ndose en el argumento de que los legisladores incurrieron en una omisi√≥n de sus funciones.

Estiman que como si esto fuera poco, entre julio y agosto emitió dos fallos (78 y 118) que en la práctica han supuesto un golpe a la descentralización y al modelo federal previsto en la Constitución de 1999, por cuanto primero prohibió a los municipios y estados legislar en materia tributaria, y luego, los forzó a negociar con el Gobierno central cómo cobrarlos y cuánto.

Los ciudadanos olvidados

Mientras tanto, las necesidades de los venezolanos parecen no interesar a la Sala Constitucional. Este es el sabor de boca que dej√≥, por ejemplo, el hecho de que fuera rechazado el recurso que un grupo de abogados interpuso contra la paralizaci√≥n de la justicia por la pandemia, que impide a los ciudadanos resolver asuntos tales como divorcios, demandas por pagos de sueldos o despidos injustificados, y reclamar manutenci√≥n de ni√Īos, por mencionar algunos de ellos.

Casi tres semanas después de adoptada esta decisión (la 121 del 20 de agosto de 2020), la Sala no ha publicado el fallo con sus razonamientos. Esta situación no se limita a este caso o al antes mencionado de Primero Justicia, sino que hay decenas de sentencias (62% para ser exactos, es decir, 54 de 87), cuyo contenido se desconoce por cuanto no ha sido publicado, pese a que en algunos de esos casos han transcurrido meses desde que esas sentencias fueron anunciadas. Tal situación impide conocer el porqué de la decisión tomada y el impacto real para el colectivo.

Los intereses de los ciudadanos, en cambio, fueron la excusa mediante la cual la instancia autorizó la toma de las instalaciones de DirecTV, luego de que la casa matriz de la empresa de televisión por suscripción interrumpiera el servicio debido a que por las sanciones del Gobierno de Estados Unidos no pudiera trasmitir algunos canales de interés del régimen de Maduro, como PDVSA TV y Globovisión. Días después, la Sala Constitucional dio su bendición para una nueva directiva, en la cual figuraban varios militares.

Solamente en la sentencia 91 la Sala en realidad pareci√≥ tomar en cuenta los problemas de los venezolanos para acceder a la justicia, al establecer que durante la duraci√≥n del Estado de Alarma la figura del ¬ęabandono del tr√°mite¬Ľ no es aplicable, debido a la ¬ęsuspensi√≥n de los lapsos¬Ľ acordada por la Sala Plena debido a la pandemia.

¬ŅY a ti venezolano, c√≥mo te afecta?

‚ÄúLa justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad‚ÄĚ. As√≠ defini√≥ el Libertador Sim√≥n Bol√≠var a la justicia y posiblemente, el hecho de que ella no sea m√°s que un instrumento del poder para favorecer sus intereses explica por qu√© Venezuela se encuentra sumida en la grave crisis humanitaria en la que est√° en la actualidad.

El desmantelamiento progresivo que ha vivido el sistema democr√°tico venezolano en los √ļltimos a√Īos ha llevado a una ruptura institucional; lo que impera en Venezuela es, en efecto, un Estado de hecho, que no habr√≠a sido posible sin el concurso del Poder Judicial, y en particular, de la Sala Constitucional del TSJ.

La parcializaci√≥n de la justicia y en especial de la instancia responsable de interpretar la Carta Magna no es algo novedoso. Sin embargo, su actuaci√≥n durante la pandemia ha dejado en claro que su √ļnico desvelo es proteger al gobierno de Maduro, lo cual representa un grave peligro para los ciudadanos, los cuales se encuentran cada vez m√°s desprotegidos frente al poder.

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