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91 personas han sido asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en Caroní entre enero y agosto

91 personas han sido asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en Caroní entre enero y agosto

176 personas han sido potencialmente ejecutadas por los cuerpos de seguridad oficiales en Bolívar entre enero y agosto de 2020 en cinco municipios de la entidad: Caroní, Sifontes, El Callao, Angostura del Orinoco y Piar.

Caroní es el municipio en el que estos asesinatos adquieren más visibilidad mediática. En agosto, sumaba 91 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las cifras corresponden al balance de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

En el municipio Sifontes, una de las zonas mineras más violentas del estado Bolívar y que se posicionó como el epicentro de las desapariciones forzadas vinculadas con el conflicto en el Arco Minero del Orinoco, hubo al menos 20 asesinatos en presuntos enfrentamientos y operativos de efectivos de seguridad. En Angostura del Orinoco, hubo 38 presuntos ajusticiamientos.

    
La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES | Fotos William Urdaneta | Archivo Correo del Caroní

68% de los asesinatos fueron perpetrados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de la Policía del estado Bolívar (Siepeb) y la División de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb).

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES, 14 por la Siepeb, siete por la FANB y cinco personas fueron asesinadas por la Diepeb.

De los 30 asesinatos ocurridos solo en agosto en la entidad, tres fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos. Cuatro personas murieron en medio de operativos conjuntos entre las FAES y la Siepeb y las FAES junto a la Policía Municipal de Caroní.

Una política estatal

Aunque la pena de muerte está prohibida en Venezuela y las leyes orgánicas de distintas fuerzas policiales y militares permite el uso de la fuerza letal solo para proteger la vida de un funcionario de seguridad o un tercero, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha documentado desde 2014 ajusticiamientos por parte de efectivos del Estado sin que haya un enfrentamiento.

De acuerdo con la Misión, el Cicpc, la PNB y las FAES fueron responsables del 59% de los asesinatos ocurridos entre 2014 y 2019.

Familiares y testigos de algunos hechos han asegurado a la prensa que los funcionarios limpian las evidencias, ejecutan a quienes consideran criminales en lugar de apresarlos y el asesinato queda impune mientras familiares de algunas de las víctimas exigen limpiar el nombre y la memoria de sus seres queridos.

La investigación determinó que existe una violación sistemática y deliberada de Derechos Humanos empleada como política de Estado, las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Misión ocurrieron en el contexto de operaciones policiales o militares destinadas a “combatir la delincuencia”.

Aunque la Misión solicitó al Gobierno nacional el avance de las investigaciones de los asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, no han recibido respuesta.

Codehciu reitera la importancia de continuar investigando y documentando estos hechos pues son insumos que pueden abrir paso a la construcción de un caso que permita enjuiciar a los autores de estos delitos en un tribunal internacional.

 30 asesinatos ocurrieron en agosto, tres de ellos fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos 

Uno de los casos más recientes y con impacto mediático fue el asesinato de los comerciantes Johandris Blanco y José Enrique González en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Una comisión de las FAES entró en la casa donde ambos hombres dormían y, de acuerdo con declaraciones de su familia, fueron golpeados, desnudados y puestos de rodillas antes de dispararles en el estómago y en el pecho.

La esposa de González aseguró que vio cómo las FAES limpiaron la evidencia e informaron que se trató de un enfrentamiento contra criminales.

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