Política

Consulta popular de la AN trata de blindar el gobierno interino

Consulta popular de la AN trata de blindar el gobierno interino

El profesor de teoría política Óscar Vallés considera que la consulta popular, que recientemente aprobó la Asamblea Nacional de mayoría opositora, “trata de blindar y darle soporte a la continuidad del gobierno interino” que dirige el diputado Juan Guaidó.

El mecanismo contempla dos preguntas y la segunda plantea rechazar la convocatoria de próximas elecciones, bajo el argumento de que no existen condiciones democráticas en el país.

“Esta pregunta tiene una connotación estratégicamente adversa porque se está negando cualquier tipo de transición política en Venezuela. En el país nunca ha habido un proceso electoral completamente limpio y esta pregunta se puede prestar para cualquier tipo de interpretación”, cuestiona.

La continuidad de la Asamblea Nacional y por ende del gobierno interino, una vez termine su periodo constitucional el 5 de enero de 2021, se enfrenta a dificultades internas, porque implica violar la Constitución, y externas, pues los aliados internacionales no son incondicionales al respecto.

“El punto central es hasta dónde está dispuesta a llegar la comunidad internacional para apoyar al gobierno interino. Con la consulta popular, Guaidó y su equipo buscan poder decirle a sus aliados que tiene respaldo popular, porque así es mucho más justificable solicitar que se preserve el reconocimiento internacional y con ello la custodia de los activos en el extranjero y el apoyo financiero que recibe”, apunta Vallés.

¿La consulta es vinculante?

El artículo 70 de la Constitución establece que la consulta “es uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía” y es vinculante; es decir, obliga a las autoridades de los poderes públicos a acatar los resultados.

Sin embargo, el politólogo considera que existen dificultades técnicas, asociadas a la pandemia y a la falta de recursos, que atentan contra una participación popular masiva e inclusiva, lo que introduce un “sesgo lamentable” en la consulta.

El acuerdo parlamentario señala que el plebiscito podrá prolongarse por varios días y se hará a través de todos los mecanismos que la tecnología permita, aunque también se señala la posibilidad de que se habiliten puntos itinerantes de forma presencial.

“Los que promueven el instrumento deben resguardar el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar. La plataforma digital en Venezuela es exigua y la consulta no puede ser vinculante si no puede preservar la igualdad en el derecho a la participación”, manifiesta.

De lo contrario, según Vallés, la actividad terminaría reducida a una consulta interina entre simpatizantes de Guaidó y de la gestión de la Asamblea Nacional.

Auditoría limitada

Para el profesor universitario, la auditoria es otro de los elementos que introduce dudas en el proceso consultivo. La Asamblea Nacional no convocó un referendo consultivo para evitar que el Consejo Nacional Electoral, de arbitraje cuestionado, intervenga en la organización.

No obstante, esto limita la certificación de los resultados. “Ni el gobierno tiene auditoría en la elección que plantea para el 6 de diciembre ni la oposición contraloría para los resultados que obtengan de la consulta. La credibilidad dependerá de las figuras que designen al frente del comité organizador de la consulta y que serán las que pongan su reputación en juego”, expresa.

Extraoficalmente se conoció que los garantes de la consulta serán: Enrique Colmenares Finol, ingeniero y exministro de Carlos Andrés Pérez; Blanca Rosa Mármol, abogada y magistrada emérita del TSJ; Horacio Medina, exgerente de Pdvsa; Carolina Jaimes Branger, periodista; Fátima Fernández, especialista electoral en Guatemala; Rafael Punceles, politólogo y profesor universitario y Estefanía Cervó, estudiante de la UCV.

Los diputados exhortaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a acompañar el plebiscito y certificar los resultados. Esto pudiera introducir mayor legitimidad aunque aún no está garantizada la observación internacional.

Se reedita la estrategia

No es la primera vez que la oposición convoca una consulta popular. El 16 de julio de 2017 sometió a los ciudadanos a un proceso similar en el que se preguntó por el papel de la Constituyente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la renovación de los Poderes Públicos a través de elecciones libres y transparentes.

Con relación a la nueva convocatoria, el objetivo político sigue siendo el mismo: presionar la salida de Nicolás Maduro del poder y legitimar la estrategia de las fuerzas opositoras.

Otra similitud es la solicitud de acompañamiento internacional. En 2017, la extinta Mesa de la Unidad Democrática invitó a exjefes de Estado, diputados de otros países, observadores nacionales y organizaciones no gubernamentales.

El total de participantes en 2017 excedió los 7 millones, Guaidó tiene ahora el reto de superar este piso.

La principal diferencia es la pandemia de coronavirus, una variable que limita considerablemente la movilización como expresión de manifestación social.

Foto: Prensa Juan Guaidó.

efectococuyo.com

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